En las administraciones del modelo democrático, como apuntan Gwyn Harries-Jenkins y Charles C. Moskos Jnr., las élites civil y militar están perfectamente diferenciadas, pues la clase política civil domina a la militar a través de un sistema formal de reglas que aseguran el control objetivo de las Fuerzas Armadas.
Este control civil se ve reforzado por la subordinación del cuerpo de oficiales al poder civil, que es la base de las relaciones civiles-militares en un Estado democrático. Según Huntington, los cambios a lo largo del tiempo en estas relaciones civiles-militares, reflejan el grado de efectividad de este control civil. Es decir, la adaptación del control civil sobre los militares a los diferentes marcos estratégicos y a la propia evolución de las relaciones civiles-militares y del Estado democrático, condicionará la efectividad –ya no sólo de la propia relación de subordinación- sino de las fuerzas armadas en sus papeles y misiones operativas dentro de este esquema.
En general, los comentarios de los principales autores han tendido a criticar la habilidad de los regímenes militares para gobernar con eficacia, siendo más acentuadas estas carencias en comparación directa con el Estado democrático.
La obsesión por el orden, que proviene de la función de las Fuerzas Armadas como “organización de crisis”, fomenta el desarrollo de una hiper-burocratización. Así mismo, la jerarquización de las Fuerzas Armadas al carecer de igualitarismo alguno, favorece que las élites militares terminen subyugando a sus subordinados, desprovistos de los principales derechos civiles, y los empuja a un bajo nivel cultural y político. Finer, razona que cuanto más alto sea el nivel de cultura política más pequeña será la probabilidad de intervención militar en los dominios del poder civil.
Además, las Fuerzas armadas tienen poca habilidad técnica para administrar el complejo Estado moderno. Las demandas de una economía sofisticada, la promoción de proyectos de bienestar social, la necesidad de una alta división del trabajo y el deseo de asegurar una administración efectiva de las innovaciones favorecen, por consiguiente, la utilización de técnicos y burócratas civiles. Tareas como la asignación de recursos, la provisión de expertos cualificados y la necesidad de responder a los problemas “civiles” crean presiones sobre las Fuerzas Armadas y agudizan la necesidad que tienen los militares de confiar en la eficiencia de una infraestructura civil para asegurar la efectividad plena del gobierno y de la defensa del Estado.
La nación moderna, la nación democrática –en contraposición con el Estado militarista- pone de manifiesto diferentes áreas de interés, tales como: a) cambios estructurales que traen como consecuencia una diferenciación institucional; b) modificaciones socio-demográficas; c) cambios en la escala de valores; d) capacidad para un desarrollo sostenido. Y a partir de aquí, se nos brindan varios índices de modernización, tales como la diferenciación económica, las comunicaciones, la urbanización y el desarrollo político.
Para Janowitz “Bajo el modelo democrático, las élites civil y militar están marcadamente diferenciadas. Las élites políticas civiles ejercitan el control sobre la milicia por medio de un conjunto formal de reglas”. Esto supedita a los militares bajo el control del Estado y las instituciones democráticas y pone de manifiesto la potencial debilidad de la milicia en el regateo político, ya que los ejércitos pueden destruir los entramados sociales vitales para la interacción política de doble dirección. Se sabe, por tanto, que el gobierno civil es superior, de forma tal que los objetivos a cumplir por el Ejército solamente pueden ser aceptados como legítimos cuando se basan en el conocimiento.
Para Huntington “el control civil sobre los militares es efectivo”, máxime cuando hablamos del control civil bajo la forma constitucional, es decir, en el Estado de derecho.
El control civil en su sentido objetivo es la maximización de la profesionalidad militar.
La distribución del poder político entre grupos civiles y militares es lo que más contribuye a la aparición de actitudes y comportamientos profesionales entre los miembros de los cuerpos de oficiales.
El control civil objetivo logra sus fines militarizando a los militares, convirtiéndolos en herramientas del Estado.
Este control disminuye conforme los militares se involucran progresivamente en la política de las instituciones, de las clases y de la constitución.
La esencia del control civil objetivo es el reconocimiento de la profesionalidad militar autónoma.
El principio esencial de cualquier sistema de control civil es minimizar el poder militar. El control civil objetivo logra esta reducción profesionalizando a los militares, haciéndolos políticamente estériles y neutrales. Esto produce el nivel más bajo de poder político militar respecto a todos los grupos civiles. Al mismo tiempo preserva ese elemento esencial de poder que es necesario para la existencia de una profesión militar. Un cuerpo de oficiales altamente profesional está preparado para llevar a cabo los deseos de cualquier grupo civil que garantice una autoridad legítima dentro del Estado. Ello delimita el poder político militar sin referirse a la distribución del poder político entre los diferentes grupos civiles.
La distribución del poder político que más facilita la profesionalidad de las fuerzas armadas es también el punto más bajo a que puede producirse el poder militar sin hacer favoritismos entre los grupos civiles. Por ello la definición objetiva de control civil da un único tipo concreto de control civil políticamente neutral y que pueden aceptar todos los grupos sociales. Ello eleva el control civil de consigna política que enmascara intereses de grupo a un concepto analítico independiente de las perspectivas de grupo.
Si el control civil se define en su sentido objetivo no existe conflicto entre éste y el fin de la seguridad nacional. El control civil objetivo no sólo reduce el poder de la Institución Militar al nivel más bajo posible frente a todos los grupos civiles, sino que también maximiza la posibilidad de conseguir seguridad nacional. La consecución del control civil objetivo sólo ha sido posible a partir de la aparición de la profesionalización militar.
En los Estados democráticos el principio de subordinación militar es un principio incuestionable de la organización estatal; es el Gobierno quien dirige la Defensa y la política militar, respondiendo de su gestión ante los respectivos Parlamentos o, en última instancia, ante el Pueblo o Sociedad quienes periódicamente, y mediante elecciones, juzgan la actividad política y administrativa realizada.
La Sociedad, en un Estado moderno y democrático como es el caso de España, participa en la Defensa de una forma activa, al configurar la defensa del Estado como n derecho y un deber, y de forma indirecta a través de sus representantes, las Cortes Generales, mediante la elaboración de las leyes y el control del Gobierno, a quien corresponde la defensa del Estado. Así, el Pueblo español, en su uso de su soberanía, determina que la Defensa es competencia exclusiva del Estado.
Como bien decía Clausewitz “la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios” y, por tanto, los objetivos militares y estratégicos los marca la política y el control civil que la ejerce. Esto subordina totalmente al Ejército a los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Las Cortes Generales tienen básicamente la función de facilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración del ordenamiento jurídico estatal y en el control del ejecutivo. Las leyes que afectan a aspectos fundamentales de la Defensa deben ser aprobadas por las Cortes. De esta forma se consigue el sometimiento de la institución militar al principio de legalidad y la armonización de las figuras jurídicas militares con el resto del ordenamiento jurídico, lo que implica la armonización de los intereses de la Defensa con los generales de la Sociedad.
Esta subordinación militar, en el caso de España, facilita las políticas exteriores de Defensa, la inclusión de España en organizaciones internacionales y supranacionales y las misiones de España en el exterior. Hay conceptos fundamentales que deben su eficacia al control civil objetivo de los militares en nuestra democracia: La Defensa como misión de las Fuerzas Armadas, la Defensa como derecho y deber del ciudadano, la Defensa como competencia del Estado, la integración europea, las alianzas, la nueva dimensión de la Defensa y la defensa colectiva, el desarrollo institucional, las capacidades civiles, la relación y cooperación con la OTAN, las relaciones y cooperación con Naciones Unidas y el desarrollo de la PESD.
La conciencia nacional de Defensa y la evolución de los intereses nacionales pueden ser dos conceptos que podríamos decir que se ven afectados negativamente por el control civil de los militares, y quizá podríamos incluirlos como inconvenientes del planteamiento de la efectividad de las Fuerzas Armadas dentro de las relaciones civiles-militares que se dan en la democracia. Aunque, bien es cierto, como subraya Jorge Hevia, que la evolución de la conciencia nacional de Defensa se está produciendo en la buena dirección; esto se debe a que España es una democracia estable, y tiene una Sociedad avanzada. Además, la integración europea, la participación de España en misiones internacionales y la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas contribuyen a esta lenta pero positiva evolución.
“La defensa de una nación no es un asunto exclusivo de militares, sino que es una labor conjunta de todos los elementos nacionales, que debe interesar, por tanto, a todos los ciudadanos”, decía el teniente general don Manuel Díez-Alegría; y en este sentido los objetivos político-institucionales de España actualmente no son otros que: interesar a la Sociedad en el conocimiento, debate y reflexiones sobre un nuevo concepto de “Defensa Nacional” encaminado hacia un marco más amplio de seguridad compartida con nuestros socios y aliados. Seguir impulsando “una cultura de Defensa” basada en los valores comunes de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y defender un concepto integral de la seguridad que relacione el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Este control civil se ve reforzado por la subordinación del cuerpo de oficiales al poder civil, que es la base de las relaciones civiles-militares en un Estado democrático. Según Huntington, los cambios a lo largo del tiempo en estas relaciones civiles-militares, reflejan el grado de efectividad de este control civil. Es decir, la adaptación del control civil sobre los militares a los diferentes marcos estratégicos y a la propia evolución de las relaciones civiles-militares y del Estado democrático, condicionará la efectividad –ya no sólo de la propia relación de subordinación- sino de las fuerzas armadas en sus papeles y misiones operativas dentro de este esquema.
En general, los comentarios de los principales autores han tendido a criticar la habilidad de los regímenes militares para gobernar con eficacia, siendo más acentuadas estas carencias en comparación directa con el Estado democrático.
La obsesión por el orden, que proviene de la función de las Fuerzas Armadas como “organización de crisis”, fomenta el desarrollo de una hiper-burocratización. Así mismo, la jerarquización de las Fuerzas Armadas al carecer de igualitarismo alguno, favorece que las élites militares terminen subyugando a sus subordinados, desprovistos de los principales derechos civiles, y los empuja a un bajo nivel cultural y político. Finer, razona que cuanto más alto sea el nivel de cultura política más pequeña será la probabilidad de intervención militar en los dominios del poder civil.
Además, las Fuerzas armadas tienen poca habilidad técnica para administrar el complejo Estado moderno. Las demandas de una economía sofisticada, la promoción de proyectos de bienestar social, la necesidad de una alta división del trabajo y el deseo de asegurar una administración efectiva de las innovaciones favorecen, por consiguiente, la utilización de técnicos y burócratas civiles. Tareas como la asignación de recursos, la provisión de expertos cualificados y la necesidad de responder a los problemas “civiles” crean presiones sobre las Fuerzas Armadas y agudizan la necesidad que tienen los militares de confiar en la eficiencia de una infraestructura civil para asegurar la efectividad plena del gobierno y de la defensa del Estado.
La nación moderna, la nación democrática –en contraposición con el Estado militarista- pone de manifiesto diferentes áreas de interés, tales como: a) cambios estructurales que traen como consecuencia una diferenciación institucional; b) modificaciones socio-demográficas; c) cambios en la escala de valores; d) capacidad para un desarrollo sostenido. Y a partir de aquí, se nos brindan varios índices de modernización, tales como la diferenciación económica, las comunicaciones, la urbanización y el desarrollo político.
Para Janowitz “Bajo el modelo democrático, las élites civil y militar están marcadamente diferenciadas. Las élites políticas civiles ejercitan el control sobre la milicia por medio de un conjunto formal de reglas”. Esto supedita a los militares bajo el control del Estado y las instituciones democráticas y pone de manifiesto la potencial debilidad de la milicia en el regateo político, ya que los ejércitos pueden destruir los entramados sociales vitales para la interacción política de doble dirección. Se sabe, por tanto, que el gobierno civil es superior, de forma tal que los objetivos a cumplir por el Ejército solamente pueden ser aceptados como legítimos cuando se basan en el conocimiento.
Para Huntington “el control civil sobre los militares es efectivo”, máxime cuando hablamos del control civil bajo la forma constitucional, es decir, en el Estado de derecho.
El control civil en su sentido objetivo es la maximización de la profesionalidad militar.
La distribución del poder político entre grupos civiles y militares es lo que más contribuye a la aparición de actitudes y comportamientos profesionales entre los miembros de los cuerpos de oficiales.
El control civil objetivo logra sus fines militarizando a los militares, convirtiéndolos en herramientas del Estado.
Este control disminuye conforme los militares se involucran progresivamente en la política de las instituciones, de las clases y de la constitución.
La esencia del control civil objetivo es el reconocimiento de la profesionalidad militar autónoma.
El principio esencial de cualquier sistema de control civil es minimizar el poder militar. El control civil objetivo logra esta reducción profesionalizando a los militares, haciéndolos políticamente estériles y neutrales. Esto produce el nivel más bajo de poder político militar respecto a todos los grupos civiles. Al mismo tiempo preserva ese elemento esencial de poder que es necesario para la existencia de una profesión militar. Un cuerpo de oficiales altamente profesional está preparado para llevar a cabo los deseos de cualquier grupo civil que garantice una autoridad legítima dentro del Estado. Ello delimita el poder político militar sin referirse a la distribución del poder político entre los diferentes grupos civiles.
La distribución del poder político que más facilita la profesionalidad de las fuerzas armadas es también el punto más bajo a que puede producirse el poder militar sin hacer favoritismos entre los grupos civiles. Por ello la definición objetiva de control civil da un único tipo concreto de control civil políticamente neutral y que pueden aceptar todos los grupos sociales. Ello eleva el control civil de consigna política que enmascara intereses de grupo a un concepto analítico independiente de las perspectivas de grupo.
Si el control civil se define en su sentido objetivo no existe conflicto entre éste y el fin de la seguridad nacional. El control civil objetivo no sólo reduce el poder de la Institución Militar al nivel más bajo posible frente a todos los grupos civiles, sino que también maximiza la posibilidad de conseguir seguridad nacional. La consecución del control civil objetivo sólo ha sido posible a partir de la aparición de la profesionalización militar.
En los Estados democráticos el principio de subordinación militar es un principio incuestionable de la organización estatal; es el Gobierno quien dirige la Defensa y la política militar, respondiendo de su gestión ante los respectivos Parlamentos o, en última instancia, ante el Pueblo o Sociedad quienes periódicamente, y mediante elecciones, juzgan la actividad política y administrativa realizada.
La Sociedad, en un Estado moderno y democrático como es el caso de España, participa en la Defensa de una forma activa, al configurar la defensa del Estado como n derecho y un deber, y de forma indirecta a través de sus representantes, las Cortes Generales, mediante la elaboración de las leyes y el control del Gobierno, a quien corresponde la defensa del Estado. Así, el Pueblo español, en su uso de su soberanía, determina que la Defensa es competencia exclusiva del Estado.
Como bien decía Clausewitz “la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios” y, por tanto, los objetivos militares y estratégicos los marca la política y el control civil que la ejerce. Esto subordina totalmente al Ejército a los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Las Cortes Generales tienen básicamente la función de facilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración del ordenamiento jurídico estatal y en el control del ejecutivo. Las leyes que afectan a aspectos fundamentales de la Defensa deben ser aprobadas por las Cortes. De esta forma se consigue el sometimiento de la institución militar al principio de legalidad y la armonización de las figuras jurídicas militares con el resto del ordenamiento jurídico, lo que implica la armonización de los intereses de la Defensa con los generales de la Sociedad.
Esta subordinación militar, en el caso de España, facilita las políticas exteriores de Defensa, la inclusión de España en organizaciones internacionales y supranacionales y las misiones de España en el exterior. Hay conceptos fundamentales que deben su eficacia al control civil objetivo de los militares en nuestra democracia: La Defensa como misión de las Fuerzas Armadas, la Defensa como derecho y deber del ciudadano, la Defensa como competencia del Estado, la integración europea, las alianzas, la nueva dimensión de la Defensa y la defensa colectiva, el desarrollo institucional, las capacidades civiles, la relación y cooperación con la OTAN, las relaciones y cooperación con Naciones Unidas y el desarrollo de la PESD.
La conciencia nacional de Defensa y la evolución de los intereses nacionales pueden ser dos conceptos que podríamos decir que se ven afectados negativamente por el control civil de los militares, y quizá podríamos incluirlos como inconvenientes del planteamiento de la efectividad de las Fuerzas Armadas dentro de las relaciones civiles-militares que se dan en la democracia. Aunque, bien es cierto, como subraya Jorge Hevia, que la evolución de la conciencia nacional de Defensa se está produciendo en la buena dirección; esto se debe a que España es una democracia estable, y tiene una Sociedad avanzada. Además, la integración europea, la participación de España en misiones internacionales y la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas contribuyen a esta lenta pero positiva evolución.
“La defensa de una nación no es un asunto exclusivo de militares, sino que es una labor conjunta de todos los elementos nacionales, que debe interesar, por tanto, a todos los ciudadanos”, decía el teniente general don Manuel Díez-Alegría; y en este sentido los objetivos político-institucionales de España actualmente no son otros que: interesar a la Sociedad en el conocimiento, debate y reflexiones sobre un nuevo concepto de “Defensa Nacional” encaminado hacia un marco más amplio de seguridad compartida con nuestros socios y aliados. Seguir impulsando “una cultura de Defensa” basada en los valores comunes de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y defender un concepto integral de la seguridad que relacione el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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