Justicia Juvenil en España: apostando por la dotación y la prevención

La llamada “Ley del menor”, que no es otra que la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso.

La que parecía una “ley perfecta”, hecha con mucho mimo y esfuerzo durante más de dos años por los principales legisladores en materia de responsabilidad penal de menores y violencia juvenil, fue modificada ya en el período de vacatio legis. Y desde entonces hasta hoy día ha sufrido prácticamente una modificación por año. La última llevada a cabo a finales de noviembre del pasado año 2008.
Estas múltiples reformas de la ley, hechas más con el corazón que con la cabeza y más a golpes de escándalos socio-televisivos que movidas por la cordura, han ido encaminadas a endurecer la interpretación de la ley, a endurecer su aplicación y, por ende, a endurecer las penas. Pero en ningún momento se han enfocado las evoluciones a dotar esta ley de los medios económicos y, sobretodo, personales para su puesta en marcha debida y su buen funcionamiento.

Esta “ley del menor” va dirigida principalmente a aquellos cuyas edades están comprendidas entre los 14 y los 18 años. De 0 a 14 años todo es protección y prevención. El menor entre 14 y 18 años que comete un acto delictivo no lo comete sólo contra la víctima y en detrimento propio, sino contra toda la sociedad, por lo tanto la ley va enfocada especialmente a que el menor pague lo que ha hecho y que también repare lo que ha hecho. Siempre dirigida a la reinserción.

Hoy en día, todo el mundo habla de reinserción, la Constitución Española tipifica la reinserción, es más, el propio modelo de política penitenciaria llevado a cabo en nuestro país tiene como premisa máxima la reinserción. Pero hay veces que ésta no se puede llevar a cabo por diferentes circunstancias. Es muy difícil seguir una política reinsertadora en nuestro país con casi 80.000 presos en las cárceles, que no vienen sino a colapsar un sistema ya de por sí falto de medios y de recursos.
Y lo mismo ocurre en materia de menores y de centros de internamiento y privativos de libertad de menores. Pero en materia de política criminal de menores la reinserción es el norte, hay que sancionar siempre para reinsertar.
El problema es que un individuo está reinsertado cuando vive en sociedad y no altera la paz social. Pero, cómo vamos a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad. Es más, como vamos a reinsertar a un individuo que a lo mejor nunca ha estado insertado, o como vamos a reeducar a un menor que nunca ha dispuesto de una educación mínima. ¿Cómo podemos devolver a la sociedad a un sujeto inadaptado socialmente luego de haberlo privado de lo único de que dispone: la libertad?

Tendremos primero que sancionar para en su caso reinsertar o en su caso insertar. O bien tendremos primero que sancionar para en su caso reeducar o en su caso educar. Y siempre en el interés del menor, es decir, garantizándole la plena satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Y para esto disponemos, gracias a esta ley, de dos instrumentos fundamentales: en primer lugar el fiscal de menores, que es el encargado de dirigir la investigación de los delitos que cometen dichos menores. Y en segundo lugar, la incorporación de los equipos técnicos de apoyo a menores: psicólogos, educadores y trabajadores sociales que permiten al sistema judicial conocer las circunstancias familiares, sociales, educativas y personales del menor que ha cometido un acto delictivo y al que se le va a juzgar.
Por tanto en base a ese delito cometido y a quién – y todo su contexto - a cometido ese delito, los jueces de menores van a imponer las medidas que contempla la ley para conseguir establecer una sanción con esa finalidad reinsertadota y reeducadora.

Y llegados a este punto hemos de aclarar dos claves fundamentales. En primer lugar la falta de medios con que cuenta la “ley del menor”. Los pocos recursos con los que cuentan los fiscales de menores, las irrisorias partidas presupuestarias para los juzgados de menores, la falta de personal técnico de apoyo en la mayoría de las investigaciones y de personal administrativo en las dependencias judiciales y los centros de internamiento de menores. Es imposible sacar una ley adelante sin dotarla de los medios globales necesarios para su desarrollo. Y en segundo lugar, diferenciar entre menores que cometen delitos y menores delincuentes. Esto es algo que en origen sí tenía en cuenta la Ley, pero que tras una decena de modificaciones ha dejado de lado. La llamada “curva de la edad” estudiada por los principales criminólogos y penalistas desde hace casi dos siglos, nos dice de forma empírica que la conducta delictiva y la propensión a cometer actos delictivos, punibles o simplemente reprobables se da, sobre todo, en la franja entre los 14 y los 21 años, que son las edades donde se cometen más del 70 % de los delitos y las faltas en la media mundial. Por tanto, es importantísimo distinguir entre un menor que comete un delito, un menor que es un delincuente y un menor que necesita tratamiento psiquiátrico o internamiento prolongado y privativo de libertad en un centro de salud mental.
Nos hemos acostumbrado en este país a que cuando queremos justicia pensamos en penas privativas de libertad. Cuando empatizamos con las víctimas de un crimen deleznable sólo pensamos en más años de cárcel y más barrotes en las prisiones. Pero también hay que tener en cuenta muchos otros factores. Nos hemos sabido poner en el lugar de las víctimas y de sus familias, pero no hemos sabido ponernos en el lugar de las familias de los menores que cometen delitos. La Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores es buena y muy completa. No la endurezcamos más.
Vamos a reeducar a los padres, vamos a cambiar el penoso sistema educativo, vamos a instruir a los medios de comunicación para que hablen con conocimiento de causa y no manipulen los procesos judiciales ni jueguen con las vidas de las víctimas y de los condenados; vamos a dotar a esta ley de los medios materiales, económicos y humanos para su buen desarrollo y pleno funcionamiento, vamos a dotar a los grupos de menores de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de medios y capacidades para la investigación y sobre todo la prevención. Vamos a controlar el consumo de sustancias estupefacientes en adolescentes y a combatir el absentismo escolar con alternativas de aprendizaje eficientes.
Los menores son el futuro de toda sociedad y no debemos truncar esa humanidad en germen. Procuremos no sólo hacer buenas leyes, sino también saber aplicarlas y dotarlas, para que cuando caiga todo el peso de la ley no lo haga en forma de castigo, sino de justicia.

TNP: ¿café para todos?

A mediados de mayo (2009), primero Rose Gottemoeller – del equipo de la secretaria de Estado Hilary Clinton – y después Obama, pedían a Israel que firmase el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Estos llamamientos por parte de los Estado Unidos fueron totalmente “inesperados” por parte de sus socios israelíes. Esto, unido a la falta de coordinación entre ambos gobiernos, ha causado un gran revuelo en la sociedad judía, en donde se ha agravado la preocupación – siempre presente en este país – y ha ayudado a que surja un creciente nerviosismo en la clase política y los medios de comunicación del estado hebreo.

Algunos se preguntarán el porqué de tal revuelo y a que se debe este poner el grito en el cielo y echarse las manos a la cabeza. Y es que el tema nuclear es harto complicado y excesivamente espinoso. No es posible, tal y como está la política internacional ahora mismo, observar siquiera la petición a Israel de acabar con su tradicional ambigüedad sobre sus arsenales estratégicos.

El rearme, la carrera armamentística y los programas nucleares suponen unas fuertes inversiones económicas, un flujo y reflujo importante de dinero, una inyección a la industria y a la investigación que mueve numerosos puestos de trabajo y a cantidad de grandes y medianas empresas y autónomos. La postura nuclear y el rearme en la estrategia nacional dan prestigio, poder y posicionamiento dentro del plantel internacional. Además, cada país interpreta el desarme de una manera y nadie quiere ser el que dé el primer paso para luego verse sólo o quedarse atrás en un nuevo y futuro rearme.

Esta es la postura, principalmente, de los Estados Unidos que, como en todo, se permiten el lujo de incumplir todos los tratados de proliferación de armas nucleares y todas las estrategias para combatir las armas de destrucción masiva, pero luego exigen al resto el cumplimiento íntegro de todo lo estipulado en dichas materias.

Además de los EE.UU., existen otros cuatro estados nucleares de iure, como es el caso de Rusia, Reino Unido, Francia y China. Estos países tienen programas nucleares permitidos, bajo el compromiso general - de buena fe - de desarme completo, bajo estricto y eficaz control internacional, pero que aún continúa sin fecha concreta y sin ganas, por parte de ninguno, de que se llegue a buen término.
Al mismo tiempo que los Estados nucleares de iure, existían tres estados nucleares de facto, es decir, que habiendo firmado o no el Tratado de No Proliferación, poseían armas nucleares y programas nucleares. Tradicionalmente estos estados han sido Israel, India y Pakistán. Y en los últimos años se han ido sumando Irán, Corea del Norte y Siria.
El inconveniente del estado sionista es que está rodeado de la mayoría de estos Estados no firmantes o incumplidores del TNP – Siria, Irán y Pakistán – que además son sus principales enemigos. Con Siria ha mantenido enfrentamientos desde hace más de cuarenta años por los terrenos de los Altos del Golán. Irán declaró directamente la guerra armamentística y nuclear a Israel en 2006, cuando por boca de su presidente Ahmadineyad decía que “Israel es nuestro principal enemigo. Acabaremos con nuestros enemigos.” Y, por último, Pakistán es hoy día el mayor refugio junto con Afganistán de los controvertidos Talibanes, además de tener el honor de ser el país con mayor número de terroristas islámicos que han declarado la beligerancia directa con Occidente y con todo lo que ello representa.
Si lo meditamos bien, Israel, un Estado más pequeño en superficie que la Comunidad Valenciana y con poco más habitantes que la Comunidad de Madrid - que además de ser la democracia más consolidada del Planeta es una nación que lleva los 61 años de existencia en guerra y tensión continua - está en medio de una de las pocas Zonas No Libres de Armas Nucleares del Mundo, como es Oriente Próximo, y es el único país, de todos los que actualmente tienen programas nucleares, del que no se conocen pruebas nucleares, intentos de ataques o amenazas con bombas nucleares, posesión de cabezas nucleares, ni invasión de ninguna ZLAN (Zona Libre de Armas Nucleares).
Lo cierto es que las declaraciones de la administración Obama han venido a exaltar los ánimos, en vez de apaciguarlos, frente a una realidad que, hasta hoy, no excitaba a nadie. Corea del Norte, Siria e Irán fueron firmantes del TNP y son el claro ejemplo de cómo el que quiere una bomba la puede fabricar, adquirir, almacenar y poseer; son el patente caso de cómo se puede violar el espíritu y la letra del TNP, a pesar de jurar fidelidad al mismo.

Lo cierto es que la cuestión debería ser: Armas Nucleares o todos o ninguno; y que ganara el ninguno por unanimidad. Pero, como eso no es posible debemos centrar el problema en lo importante. Y lo importante no es que Israel firme o no el TNP, porque además puede hacer como otros países y seguir incumpliéndolo a pesar de haberlo suscrito. Ni siquiera el problema son los programas nucleares, ya que, al fin y al cabo, las naciones que los tienen son porque las apoyan cualquiera de los cinco estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ellos mismos les venden los materiales y la tecnología necesarios. El verdadero problema son los regímenes que poseen esos programas. Nadie tiene la misma sensación si hablamos de una bomba francesa o de una bomba pakistaní. Por el simple hecho de que Francia es una democracia asentada y Pakistán va camino de la talibanización y el radicalismo islámico extremo. No es lo mismo hablar del programa nuclear en Israel que del programa nuclear en Irán. Israel es una democracia y un país civilizado y cauteloso, mientras que Irán es una república islámica con ambiciones hegemónicas, dispuesta a emplear a grupos terroristas para conseguir sus objetivos y que no dudaría en usar su programa nuclear para expandir su influencia, le pesase a quién le pesase.

Marx y la guerra

Karl Marx es uno de los filósofos que más contribuye al pensamiento bélico y las concepciones de la guerra, dado que su ideología se basa en la crítica y el conflicto como principales aspectos. Conceptos como “lucha de clases”, “crítica marxista” o “revolución socialista” son la base del pensamiento marxista y se repiten constantemente en sus escritos y manifiestos.
Para Marx, el motor del cambio de la historia es el conflicto, pero no entre naciones o estados, sino entre clases sociales, siendo el factor determinante de dicho conflicto el poder económico.

Las clases en lucha por alcanzar el poder social esgrimen siempre representaciones e ideas que, aunque ofrecidas como generales y objetivas, reflejan la parcialidad de sus intereses reales; y la clase social dominante en cada momento impone sus representaciones, que siempre interpretan las formas sociales anteriores como un simple preludio de aquella en la que detentan el poder. Por consiguiente, concluye Marx, sólo la clase social sin intereses particulares, cuyo objetivo no consista simplemente en sustituir en el poder a la clase dominante sino en establecer una sociedad sin clases, incorporará los intereses de toda la sociedad y podrá superar las visiones parciales de los fenómenos sociales. Y puesto que el proletariado es, para Marx, esa clase universal, sólo el proletariado puede alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad social. Con el proletariado se da, por primera vez, la posibilidad de que coincidan las representaciones de un grupo con el conocimiento científico de la sociedad y de la historia.

Los fenómenos y relaciones sociales que aparecen como estables, naturales e independientes del hombre pierden su fijeza para mostrarse, en profundidad, como productos de la acción humana en la historia y, por tanto, como transitorios, transformables y sometidos a la dinámica impuesta por las tensiones y los conflictos que son la fuente del avance histórico.
Marx escribe: “la dialéctica, reducida a su forma racional, provoca la cólera y es el azote de la burguesía y de sus portavoces doctrinarios: porque en la inteligencia y explicación positiva de lo que existe abriga, a la par, la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa; y porque, crítica y revolucionaria por esencia, enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tienen de perecedero y sin dejarse intimidar por nada”.

Reconociendo el hecho de los conflictos de clases, hay interpretaciones muy distintas de lo que significan. Antagonismo irreconciliable entre dos clases, como clave de la estructura social, es decir, la lucha de clases en sentido estricto; o conflicto de intereses, entre varias clases económicas, con posibilidades abiertas de lucha, negociación y compromiso, como uno de los varios factores importantes en la transformación de esa estructura. La primera interpretación de estos conflictos de clases está asociada al nombre de Marx y la segunda más con el de Weber.
“La filosofía crítica” de Marx encuentra en el proletariado las armas de su crítica, la fuerza de la pasión capaz de realizar lo que la razón propone. Porque los intereses particulares del proletariado son, al parecer, intereses universales. Desencantado de burócratas y burgueses, para Marx el proletariado es universal porque carece de todo y, por lo tanto, se supone que sólo puede ser algo destruyéndolo todo.

La crítica de Marx a la alineación social pone en cuestión la sociedad burguesa como sociedad desintegrada y como una sociedad definida por la lucha de clases, en la cual la burguesía explota y oprime al proletariado. A esa sociedad opone un proletariado revolucionario que acepta y lleva al límite esa misma lucha. En esa misma lucha afirma su identidad, define a los burgueses como antagonistas, y postula una sociedad donde el proletariado domine y la burguesía desaparezca.
La moral de la crítica o la denuncia de la alineación se ha convertido así en una moral de lucha de clases, que es la moral marxista por excelencia. La moral de la revolución social como acto propiamente moral por antonomasia.
El rasgo dominante o característica esencial de la moral marxista, como moral de lucha de clases y de revolución social, es la violencia, sobre todo su violencia verbal.
Esa connotación exhortativa es crucial en el mensaje moral del marxismo. Acusaciones de venalidad, cobardía, falsedad, mezquindad, crueldad, denuncias del carácter grotesco y repugnante de los personajes políticos, los adversarios de secta socialista, los economistas del otro lado, son continuos en el discurso de Marx.
Frases truculentas han sido siempre alimento diario de los revolucionarios. “Renegados”, “traidores”, son adjetivos que parecen anticipar el resto de la frase, “llevarán su merecido”. Este lenguaje dramático y belicista no se corresponde tan sólo con el temperamento peculiar de Marx, en él se encuentran rasgos más acusados de una tradición retórica revolucionaria y romántica.

Pero a partir de un momento dado este dramatismo ideal se puso en contacto con otros tipos de literatura de mayores consecuencias. Una fue la literatura política de los revolucionarios franceses. Los textos y los discursos de la llamada gran revolución estaban embargados de una violencia mucho más grave. Los excesos verbales correspondían al ejercicio de un terror real. La Revolución Francesa, en su fase jacobina, fue caracterizada como un acto de impiedad hacia los sentimientos de respeto recíproco y recíproco reconocimiento de humanidad entre sus miembros. Sus adversarios políticos eran definidos como enemigos a destruir. La política era redefinida como asunto de vida o muerte.
La literatura política y la moral revolucionaria se funden parcialmente con la literatura socialista, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Marx define su versión del socialismo precisamente por el carácter central e intenso que da la lucha de clases, frente a lo que él llama socialistas utópicos.

Marx define la relación entre las clases como una situación bélica. La lucha de clases es una guerra civil. Las naciones capitalistas viven en estado de guerra civil larvada o latente. Los títulos y los contenidos de su obra giran en torno a ese tema. Su “guerra a los dioses” de la juventud, cede paso a la “guerra contra la burguesía”. Una vez las cosas así definidas, se abandona Marx a una exhortación moral, dando ánimos a los combatientes de su lado, increpando a sus enemigos. Este discurso contiene implícita un pensamiento de lucha revolucionaria, conjuntamente con algunas proposiciones descriptivas importantes.
Primero, la situación bélica implica la valoración emocional de la ruptura y la catástrofe. Hay en Marx una disposición a aceptar de buen grado los costes y los sacrificios de la guerra.
La clase burguesa, políticos, intelectuales, empresarios, debe ser arrojada fuera de la historia. El orden burgués debe ser combatido hasta sus últimas consecuencias, destruido, enterrado, por la violencia o el terror revolucionario si es preciso, sin piedad y sin pedir piedad, por la revolución permanente, como dice Marx en 1850. El motivo central de este radicalismo conceptual, y ocasionalmente verbal, es la ruptura de la comunidad moral con el enemigo. Esto es lo que hace Marx llevando al límite la retórica moral del combate. La ruptura del vínculo humano entre los combatientes. Esto lleva la situación bélica muy lejos, más lejos de lo que ha sido frecuente en a historia de la guerra en varias circunstancias importantes, donde el respeto moral del enemigo y la aceptación de ciertas reglas del juego han operado como factor de limitación de la extensión y la intensidad de las operaciones bélicas.

Segundo, la situación bélica implica la consideración del propio campo o bando como un ejército. Y esto tiene a su vez graves consecuencias. Por lo pronto, evoca de manera inequívoca, la diferenciación entre jefes u oficiales y soldados, entre un cuadro de mando y unas masas. Las masas revolucionarias combatientes están encuadradas.
Las ideas a este respecto de Marx, sobre el carácter central y rigurosamente organizado del partido, son reiteradas una y otra vez. El comité central es a la vez el estado mayor y el alto mando del ejército revolucionario.

Tercero, el proletariado se convierte en masas a encuadrar en un ejército. Cierto que el marxismo se propone inicialmente como la expresión de las ideas y los sentimientos fundamentales del proletariado. Da por supuesto una convergencia, en lo esencial, entre el instinto de clase y la teoría marxista.
El proletariado debe, para hacer la revolución, romper la revolución debe romper la continuidad con su pasado, adoptar una actitud de desconfianza hacia sí mismo. Debe romper con su pasado, quizá rural, y con su vida cotidiana de la fábrica, quizá plagada de compromisos y consensos morales con sus adversarios. Debe sospechar de su memoria y de su instinto. Debe someterse a crítica y autocrítica continua. Naturalmente, esta ruptura de la continuidad y de la memoria, esta lectura irónica de su propia tradición, implica, dada la conexión esencial entre memoria e identidad, una puesta en cuestión de su identidad misma. Desde este punto de vista, nada más razonable. Quizá la mitad del proletariado tiende a ser anarquista o a cualquier otro desviacionismo como el cristianismo, nacionalismo democrático, fundamentalismo musulmán, etc. He aquí pues esa mitad de sí mismo a combatir. Pero incluso dentro de la mitad firme o, digamos, sana del proletariado, hay que combatir aquellas tendencias que estarán siempre ahí.

Cuarto, esta desconfianza respecto al proletariado como conjunto se complementa con una desconfianza aún mayor con relación a los individuos que lo componen. Nada más lógico y consecuente si, como sabemos, se ha devaluado la individualidad como agente moral en última instancia. Marx es infatigable cuando se trata de criticar la perspectiva llamada “individualista” en teoría económica, en teoría política o en teoría moral.
La consecuencia práctica de esta marginación de la conciencia moral individual es el reforzamiento de la disciplina de la masa combatiente. Porque no se combate en base a un ejército de gentes que someten las órdenes al escrutinio de la conciencia, una a una. La función práctica de la negación de la conciencia moral individual, como agente decisivo en última instancia, es la sumisión del individuo al conjunto.

La sociedad de los países marxistas, los socialismos reales, que pretenden ser fieles a Marx y que han llevado al límite algunas de las implicaciones más importantes de las teorías morales de Marx, cumplen casi literalmente su crítica de la sociedad civil, su rechazo al Estado burgués, su rechazo de plano del capitalismo. Encarnan un ethos del combate y la lucha de clases, una llamada a las filas a las armas; una discriminación entre el cuadro de intelectuales revolucionarios y las masas combatientes y subordinadas, una mirada crítica carente de complacencia sobre la espontaneidad de los obreros, una lectura vibrante sobre la inevitabilidad de la victoria final.

La Guerra: Clausewitz

Carl von Clausewitz fue un general, teórico, estratega e historiador militar prusiano. Nació en Burg, cerca de Magdeburgo en 1780 y falleció en Breslau en 1831. Su obra De la guerra ha ejercido una gran influencia sobre las doctrinas políticas y estratégicas modernas; está dividida en ocho libros y ocupa tres de los diez volúmenes de Hinterlassene Werke uber Krieg und Kriegführung, colección póstuma de sus obras completas, publicada por su viuda entre 1832 y 1834, y entre las que destacan, además, La campaña de 1799 en Italia, La campaña de 1814 y Nota sobre Prusia en su gran catástrofe.

Clausewitz, que vivió multitud de guerras entre 1793 y 1815, se dedicó después a estudiar la mayoría de los conflictos de los siglos XVII y XVIII. Impresionado por el cambio radical que aportó al arte de la guerra la aparición de los ejércitos en masa y de las pasiones revolucionarias y nacionales, comprendía por qué Napoleón y Federico II, colocados en situaciones aparentemente semejantes, eligieron a veces soluciones apuestas. Rechazando todo dogmatismo, descubrió las leyes y los principios de una ciencia de la acción militar aplicable a todas las formas posibles de guerra, que él comparaba con un modelo teórico de “guerra absoluta”: ese “duelo magnificado, llevado por su naturaleza a los extremos de la violencia”, es “un todo orgánico cuyos diferentes elementos son inseparables y donde todas las acciones aisladas deben converger hacia el mismo objetivo y ser dirigidas por un mismo pensamiento”, pero la guerra, “ese camaleón”, puede asumir todas las formas, desde el aniquilamiento del adversario hasta la simple intimidación del mismo.
La guerra constituye “una extraña trinidad” que une “la violencia original, el juego de las probabilidades y del azar, a su naturaleza de instrumento subordinado a la política”, de la que constituye una modalidad de acción particular: “La guerra no es sino la continuación de la política por otros medios”.
Por tanto, su dirección debe estar absolutamente subordinada a esa política definida como la suma de los mayores intereses del Estado. Su finalidad es la paz, resultante de un nuevo equilibrio entre los Estados. Clausewitz estudió la naturaleza compleja de las relaciones entre mando militar y gobierno en la preparación y la dirección de la guerra, pues “si ésta tiene su propia gramática, su lógica sólo puede ser la de la política”. A diferencia de los teóricos de gabinete del s. XVIII, tan aficionados a las sabias evoluciones, demostró que la batalla decisiva debe buscarse cada vez que la finalidad de una guerra sea la destrucción del adversario, lo que supone en general una ofensiva vigorosa, pero el momento de la batalla decisiva debe ser elegido en función de la evolución calculada de la relación de las fuerzas; una defensa activa es “la forma más fuerte de combate” y permite esperar el momento en que el atacante alcance “el punto culminante de la ofensiva”, a partir del cual avanza fatalmente hacia el desastre.

El tratado De la guerra no impone ninguna doctrina; no constituye en absoluto un reglamento, en el que la evolución de las técnicas produciría un rápido desfase, pero aporta una teoría unitaria, completa. Ésta ha dado lugar a interpretaciones muy diversas, a veces incluso contradictorias.

El objetivo de los escritos teóricos de Clausewitz era el de desarrollar no una nueva doctrina, sino una comprensión más real del fenómeno de la guerra. La teoría debería mostrar “cómo una cosa se relaciona con la otra, y separar lo importante de lo que no lo es. Si los conceptos se combinan por su propia voluntad para formar ese núcleo de la verdad que llamamos un principio, si espontáneamente componen un modelo que se convierte en norma, es algo que corresponde aclarar al teórico”. En contraste con los principios –el núcleo de las verdades- las leyes científicas resultan difíciles de establecer en una actividad como la de la guerra, y puede que nunca lleguen a existir leyes para la acción; pero la teoría acomoda normas en cuanto que hay excepciones para toda norma. Para el teórico, el pasado era tan importante como el presente. La tradición, las percepciones y los sentimientos de generaciones de hombres de estado y soldados, su sentido de la forma en que se interrelacionan la política y la estrategia con la guerra, eran aspectos que había que examinar y situar en una estructura analítica lo suficientemente concreta para no decaer si las circunstancias variasen y lo bastante elástica para adaptarse a futuros adelantos teóricos. Un análisis semejante sólo podría hacerse si el investigador enfocaba los fenómenos totales de la guerra y los elementos que la componen tan de cerca como le resultase posible, apartando lo mejor que pudiera cualquier obstáculo de costumbre o prejuicio que se interpusiese entre él y su objetivo. La terminología de objetivo, fin y medios, que planteaba Clausewitz para diferenciar los elementos de la gran estrategia también pueden aplicarse a su procedimiento analítico; una mejor comprensión era el fin, la observación directa, el objetivo; los medios consistían en estudiar la historia desde los puntos de vista de la experiencia, la historia y la lógica.

Basando sus teorías en los ejércitos de masas, Clausewitz sostuvo como premisas fundamentales:
Primero, que a guerra es la continuación de la política por otros medios, pero sin dejar de ser parte de la misma.
Segundo, que el fin de la guerra es obligar al enemigo a hacer lo que no quiere que haga.
Tercero, que la defensiva es la postura más fuerte, con tal de que pueda evitarse que el enemigo se lance con gran superioridad numérica sobre un punto determinado.

Vom Kriege, De la Guerra, es un intento de indagar en la esencia de los fenómenos de la guerra y poner de manifiesto los vínculos entre estos fenómenos y la naturaleza de sus partes integrantes.
La principal premisa de este famoso libro es que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Y, según Clausewitz, tener siempre presente este hecho facilitará sobremanera el estudio de la cuestión, pudiéndose analizar el conjunto con más facilidad. Teniendo siempre en cuenta que la guerra no deja de ser un acto de fuerza destinado a obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad; y que esa fuerza es el medio de la guerra; e imponer nuestra voluntad al enemigo es el principal de los propósitos.

La guerra, que nunca se presenta como un acto aislado, como parte de la política, tiene como principal propósito uno político, que no es otro que la voluntad de derrotar al enemigo y privarle de su fuerza, como ya adelantábamos. Este motivo político determinará tanto el objetivo militar que debe alcanzarse como el esfuerzo que exige dicho objetivo.
Para Clausewitz, el propósito político puede actuar como patrón sólo en el contexto de los dos estados en guerra, es decir, que podemos adoptar el propósito político como patrón si pensamos en la influencia que puede ejercer sobre las fuerzas armadas que debe mover.

A veces, los objetivos político y militar coinciden. Pero el propósito político no siempre proporciona un objetivo militar adecuado. En este caso, es preciso adoptar otro objetivo militar que esté al servicio de la finalidad política y la simbolice en las negociaciones de paz. Aunque, también puede haber situaciones en las que el propósito político sea casi el único determinante.

Igualmente, la causa de la guerra está siempre en alguna situación política, y el conflicto está siempre al servicio de alguna finalidad política. La guerra pues, es un acto de política; el cual durará lo suficiente para permanecer sujeto a la acción de una inteligencia superior, que no es otra que el poder político del Estado.
La política impregnará todas las operaciones militares y, en la medida en que lo admite su naturaleza violenta, ejercerá una influencia continua sobre ellas. Por este motivo Clausewitz afirma que la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios; porque se da cuenta que la guerra no es un simple acto de política, sino que además es un genuino instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, proseguidas con otros medios.
El fin político es el objetivo, la guerra el medio de alcanzarlo y los medios nunca pueden considerarse aislados de su finalidad.
Cuanto más poderosos y estimulantes sean los motivos que llevan a la guerra tanto más militar y menos político parecerá el conflicto. Cuanto menos intensos sean los motivos, menor será la natural tendencia violenta del elemento militar a coincidir con las directrices políticas. En consecuencia el objeto político será cada vez más incompatible con el objetivo de la guerra ideal y el carácter del conflicto se percibirá como más político.

Además, para Clausewitz la guerra es una trinidad paradójica compuesta de violencia, odio y enemistad primarios, que deben considerarse como una fuerza natural ciega; del juego del azar y las probabilidades dentro del cual el espíritu libre puede campar a sus anchas; y del elemento de subordinación, de instrumento de la política, sujeto únicamente a la razón.
El primero de los tres elementos afecta primordialmente a las personas; el segundo al mando y a su ejército; y el tercero al gobierno.

Todas estas teorías recogidas en el majestuoso libro que nos legó Clausewitz fueron objeto de estudio en todas las academias de Estado Mayor de todo el mundo desde su época hasta nuestros días, aunque especialmente influyeron en la escuela alemana.
Clausewitz alcanzará las resonancias más profundas entre los marxistas. Marx y Engels admiraban el pragmatismo dinámico de su pensamiento. Lenin lo estudió cuidadosamente en 1915 y profundizó en la célebre fórmula de Clausewitz, que convirtió en: “La política es la continuación de la guerra…”. De ella sacó s estrategia de lucha antiimperialista y aconsejó su lectura a Frounze, a quién encargó la elaboración de una doctrina militar soviética. Mao Tze Dong estudió sobre el capítulo de “el armamento del pueblo” y las posibilidades ofrecidas por la cooperación entre ejército regular y partisanos en una guerra de liberación. También Che Guevara citaba a menudo a Clausewitz y, más recientemente, los principales ideólogos franceses y estadounidenses basan su concepción del Estado, las nuevas guerras y la edad planetaria en los escritos que Clausewitz dejó para esclarecernos y poner al día el arte de la guerra que ya comenzara a esbozar Sun Tzu y que Clausewitz pintó de manera sublime.

Fuerzas Armadas y Sociedad: el control civil de los militares en las democracias y la efectividad de las fuerzas armadas

En las administraciones del modelo democrático, como apuntan Gwyn Harries-Jenkins y Charles C. Moskos Jnr., las élites civil y militar están perfectamente diferenciadas, pues la clase política civil domina a la militar a través de un sistema formal de reglas que aseguran el control objetivo de las Fuerzas Armadas.
Este control civil se ve reforzado por la subordinación del cuerpo de oficiales al poder civil, que es la base de las relaciones civiles-militares en un Estado democrático. Según Huntington, los cambios a lo largo del tiempo en estas relaciones civiles-militares, reflejan el grado de efectividad de este control civil. Es decir, la adaptación del control civil sobre los militares a los diferentes marcos estratégicos y a la propia evolución de las relaciones civiles-militares y del Estado democrático, condicionará la efectividad –ya no sólo de la propia relación de subordinación- sino de las fuerzas armadas en sus papeles y misiones operativas dentro de este esquema.
En general, los comentarios de los principales autores han tendido a criticar la habilidad de los regímenes militares para gobernar con eficacia, siendo más acentuadas estas carencias en comparación directa con el Estado democrático.
La obsesión por el orden, que proviene de la función de las Fuerzas Armadas como “organización de crisis”, fomenta el desarrollo de una hiper-burocratización. Así mismo, la jerarquización de las Fuerzas Armadas al carecer de igualitarismo alguno, favorece que las élites militares terminen subyugando a sus subordinados, desprovistos de los principales derechos civiles, y los empuja a un bajo nivel cultural y político. Finer, razona que cuanto más alto sea el nivel de cultura política más pequeña será la probabilidad de intervención militar en los dominios del poder civil.
Además, las Fuerzas armadas tienen poca habilidad técnica para administrar el complejo Estado moderno. Las demandas de una economía sofisticada, la promoción de proyectos de bienestar social, la necesidad de una alta división del trabajo y el deseo de asegurar una administración efectiva de las innovaciones favorecen, por consiguiente, la utilización de técnicos y burócratas civiles. Tareas como la asignación de recursos, la provisión de expertos cualificados y la necesidad de responder a los problemas “civiles” crean presiones sobre las Fuerzas Armadas y agudizan la necesidad que tienen los militares de confiar en la eficiencia de una infraestructura civil para asegurar la efectividad plena del gobierno y de la defensa del Estado.
La nación moderna, la nación democrática –en contraposición con el Estado militarista- pone de manifiesto diferentes áreas de interés, tales como: a) cambios estructurales que traen como consecuencia una diferenciación institucional; b) modificaciones socio-demográficas; c) cambios en la escala de valores; d) capacidad para un desarrollo sostenido. Y a partir de aquí, se nos brindan varios índices de modernización, tales como la diferenciación económica, las comunicaciones, la urbanización y el desarrollo político.
Para Janowitz “Bajo el modelo democrático, las élites civil y militar están marcadamente diferenciadas. Las élites políticas civiles ejercitan el control sobre la milicia por medio de un conjunto formal de reglas”. Esto supedita a los militares bajo el control del Estado y las instituciones democráticas y pone de manifiesto la potencial debilidad de la milicia en el regateo político, ya que los ejércitos pueden destruir los entramados sociales vitales para la interacción política de doble dirección. Se sabe, por tanto, que el gobierno civil es superior, de forma tal que los objetivos a cumplir por el Ejército solamente pueden ser aceptados como legítimos cuando se basan en el conocimiento.
Para Huntington “el control civil sobre los militares es efectivo”, máxime cuando hablamos del control civil bajo la forma constitucional, es decir, en el Estado de derecho.
El control civil en su sentido objetivo es la maximización de la profesionalidad militar.
La distribución del poder político entre grupos civiles y militares es lo que más contribuye a la aparición de actitudes y comportamientos profesionales entre los miembros de los cuerpos de oficiales.
El control civil objetivo logra sus fines militarizando a los militares, convirtiéndolos en herramientas del Estado.
Este control disminuye conforme los militares se involucran progresivamente en la política de las instituciones, de las clases y de la constitución.
La esencia del control civil objetivo es el reconocimiento de la profesionalidad militar autónoma.
El principio esencial de cualquier sistema de control civil es minimizar el poder militar. El control civil objetivo logra esta reducción profesionalizando a los militares, haciéndolos políticamente estériles y neutrales. Esto produce el nivel más bajo de poder político militar respecto a todos los grupos civiles. Al mismo tiempo preserva ese elemento esencial de poder que es necesario para la existencia de una profesión militar. Un cuerpo de oficiales altamente profesional está preparado para llevar a cabo los deseos de cualquier grupo civil que garantice una autoridad legítima dentro del Estado. Ello delimita el poder político militar sin referirse a la distribución del poder político entre los diferentes grupos civiles.
La distribución del poder político que más facilita la profesionalidad de las fuerzas armadas es también el punto más bajo a que puede producirse el poder militar sin hacer favoritismos entre los grupos civiles. Por ello la definición objetiva de control civil da un único tipo concreto de control civil políticamente neutral y que pueden aceptar todos los grupos sociales. Ello eleva el control civil de consigna política que enmascara intereses de grupo a un concepto analítico independiente de las perspectivas de grupo.
Si el control civil se define en su sentido objetivo no existe conflicto entre éste y el fin de la seguridad nacional. El control civil objetivo no sólo reduce el poder de la Institución Militar al nivel más bajo posible frente a todos los grupos civiles, sino que también maximiza la posibilidad de conseguir seguridad nacional. La consecución del control civil objetivo sólo ha sido posible a partir de la aparición de la profesionalización militar.
En los Estados democráticos el principio de subordinación militar es un principio incuestionable de la organización estatal; es el Gobierno quien dirige la Defensa y la política militar, respondiendo de su gestión ante los respectivos Parlamentos o, en última instancia, ante el Pueblo o Sociedad quienes periódicamente, y mediante elecciones, juzgan la actividad política y administrativa realizada.
La Sociedad, en un Estado moderno y democrático como es el caso de España, participa en la Defensa de una forma activa, al configurar la defensa del Estado como n derecho y un deber, y de forma indirecta a través de sus representantes, las Cortes Generales, mediante la elaboración de las leyes y el control del Gobierno, a quien corresponde la defensa del Estado. Así, el Pueblo español, en su uso de su soberanía, determina que la Defensa es competencia exclusiva del Estado.
Como bien decía Clausewitz “la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios” y, por tanto, los objetivos militares y estratégicos los marca la política y el control civil que la ejerce. Esto subordina totalmente al Ejército a los poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Las Cortes Generales tienen básicamente la función de facilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración del ordenamiento jurídico estatal y en el control del ejecutivo. Las leyes que afectan a aspectos fundamentales de la Defensa deben ser aprobadas por las Cortes. De esta forma se consigue el sometimiento de la institución militar al principio de legalidad y la armonización de las figuras jurídicas militares con el resto del ordenamiento jurídico, lo que implica la armonización de los intereses de la Defensa con los generales de la Sociedad.
Esta subordinación militar, en el caso de España, facilita las políticas exteriores de Defensa, la inclusión de España en organizaciones internacionales y supranacionales y las misiones de España en el exterior. Hay conceptos fundamentales que deben su eficacia al control civil objetivo de los militares en nuestra democracia: La Defensa como misión de las Fuerzas Armadas, la Defensa como derecho y deber del ciudadano, la Defensa como competencia del Estado, la integración europea, las alianzas, la nueva dimensión de la Defensa y la defensa colectiva, el desarrollo institucional, las capacidades civiles, la relación y cooperación con la OTAN, las relaciones y cooperación con Naciones Unidas y el desarrollo de la PESD.
La conciencia nacional de Defensa y la evolución de los intereses nacionales pueden ser dos conceptos que podríamos decir que se ven afectados negativamente por el control civil de los militares, y quizá podríamos incluirlos como inconvenientes del planteamiento de la efectividad de las Fuerzas Armadas dentro de las relaciones civiles-militares que se dan en la democracia. Aunque, bien es cierto, como subraya Jorge Hevia, que la evolución de la conciencia nacional de Defensa se está produciendo en la buena dirección; esto se debe a que España es una democracia estable, y tiene una Sociedad avanzada. Además, la integración europea, la participación de España en misiones internacionales y la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas contribuyen a esta lenta pero positiva evolución.
“La defensa de una nación no es un asunto exclusivo de militares, sino que es una labor conjunta de todos los elementos nacionales, que debe interesar, por tanto, a todos los ciudadanos”, decía el teniente general don Manuel Díez-Alegría; y en este sentido los objetivos político-institucionales de España actualmente no son otros que: interesar a la Sociedad en el conocimiento, debate y reflexiones sobre un nuevo concepto de “Defensa Nacional” encaminado hacia un marco más amplio de seguridad compartida con nuestros socios y aliados. Seguir impulsando “una cultura de Defensa” basada en los valores comunes de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y defender un concepto integral de la seguridad que relacione el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Terrorismo como Estrategia Económica (Segunda Parte)

Fuentes de financiación de terrorismo relacionado con al-Qaida

Respecto a las fuentes de financiación y al origen de la economía de los grupos terroristas, se puede decir que ha habido un antes y un después marcado claramente con la Guerra fría. Antes de este periodo, la financiación procedía fundamentalmente de fuentes públicas, en especial gobiernos que aportaban apoyo económico y logístico a estos grupos. Posteriormente, este apoyo o financiación pública ha disminuido considerablemente, aunque todavía existen grupos y organizaciones que directa o indirectamente se benefician de apoyo económico de carácter público. Organizaciones como Hamás, Hezbollah, Hizbl Mujahideen, IMU, Yihad Islámica, Jaish-e-Mohamed y Sipah-e-Shiiba (Passas, 2007: 33) son algunos ejemplos en los que encontramos formas de subvención pública de sus actividades. En nuestro entorno más cercano, ETA también ha estado beneficiándose de financiación autonómica para indirectamente financiar actividades del entorno de este grupo (Buesa, 2006: 10).

No obstante, esta regresión en el apoyo financiero de carácter público, no ha conseguido disminuir las actividades de estos grupos o sus capacidades de actuación. Todo lo contrario, lo que se ha producido es una sustitución progresiva de este apoyo estatal por fuentes alternativas de financiación, algunas de carácter legal y otras de carácter ilegal. Esta distinción entre fuentes legales o ilegales no implica una diferencia de trato respecto si se usan unas u otras ni que las consecuencias de su uso sean distintas. Esta distinción es precisamente lo que diferencia conceptualmente la financiación del terrorismo de otras formas irregulares de utilización del sistema financiero como es el blanqueo de capitales. Es precisamente esta posibilidad, de que grupos terroristas puedan acudir a fuentes legales de obtención de fondos, lo que ha obligado a adaptar la legislación, los métodos y la regulación de control de los sistemas financieros, principalmente orientados a la lucha contra el blanqueo de capitales como lucha indirecta contra la delincuencia organizada. Los años posteriores al 11-S ha sido un camino vertiginoso de normativa y políticas de control en aras a la reducción del terrorismo en todos sus frentes. El frente económico no ha estado exento de cambios para adaptar los modos tradicionales de control del sistema financiero, concepto para el que no existían normas específicas

Volviendo a las fuentes de financiación del terrorismo, especialmente el terrorismo relacionado con al-Qaida, a continuación abordaremos las distintas fuentes de financiación que se mencionan en la literatura, también clasificadas entre fuentes legales e ilegales. Dichas fuentes de financiación se desarrollarán a la luz de los cambios que han ocurrido a lo largo de estos años, especialmente después del 11-S, y las evidencias empíricas que se han encontrado respecto a ellas.

Fuentes procedentes de la beneficencia: Este ha sido el aspecto más mediático de la financiación del terrorismo relacionado con al-Qaida. Sin embargo, las primeras acciones preventivas tendentes a bloquear fondos sospechosos de apoyar económicamente a al-Qaida, partían de una premisa que se ha demostrado actualmente un tanto desenfocada. Hasta el 11 S, lo que se conocía sobre la organización de al-Qaida llevó a los analistas a concebirla como una organización global, jerárquica y dirigida por una cúpula muy poderosa que organizaba, reclutaba mujaidines de todo el mundo, los entrenaba en sus campos de Afganistán, determinaba y planificaba los atentados y financiaba acciones a lo largo del mundo. Como consecuencia de esto, la organización de al-Qaida, tal como estaba diseñada, necesitaba importantes cantidades de dinero y financiación procedente de donantes muy posicionados para poder subsistir (Informe comisión de investigación del 11-S). Con esta lógica, las grandes organizaciones benéficas islámicas, así como las ONGs de carácter internacional estuvieron desde el primer momento en el ojo del huracán. Dichas organizaciones tienen objetivos sociales y legítimos como la construcción de escuelas, mezquitas, centros culturales, la traducción de textos árabes y demás servicios a la comunidad islámica, estando bien establecidas en las comunidades islámicas locales tanto en sus países como en el extranjero. Sin embargo, en ciertos casos, existe un riesgo de convertirse en fuente de financiación directa o indirecta de actividades terroristas o de apoyo a la red de al-Qaida, dando soporte a instituciones fundamentalistas radicales, escuelas u organizaciones que ofrecen apoyo logístico, formación, reclutamiento y refugio a sus militantes.

A pesar de la persecución feroz inicial a determinadas organizaciones presuntamente implicadas en la financiación de grupos o actos terroristas, pocas o ninguna evidencia se ha encontrado de las sospechas iniciales. En EEUU, se han congelado fondos e investigados ONGs como Global Relief Foundation, Holy Land Foundation for Relief and Development, Benevolence Internacional Foundation e Islamic American Relief Agency y no se han producido los resultados esperados. No se han podido encontrar pruebas de vinculación alguna con la financiación del terrorismo, produciéndose efectos nefastos para estas organizaciones. Estas medidas tan agresivas no sólo han demostrado el desconocimiento de la realidad del fenómeno al que nos estamos enfrentando, sino también han contribuido a alimentar el resentimiento de las comunidades afectadas, ya que en algunos casos, las medidas preventivas adoptadas por el gobierno de EEUU han obligado a cerrar alguna de estas organizaciones.

Donaciones privadas: A un nivel inferior, donaciones de carácter privado e individual son también una fuente importante de financiación, especialmente de actividades locales. Estas donaciones constituyen lo que se denomina Zakat, uno de los cinco pilares del Islam, según el cual se espera de cada musulmán aporte un 2,5% de sus ingresos a labores de beneficencia. Este tipo de donaciones suele ser utilizado por los grupos terroristas locales para recaudar fondos entre los vecinos o miembros de la comunidad más próxima. Además de las donaciones obligatorias denominadas zakat, hay otras donaciones de carácter voluntario que se producen de forma puntual como son el infaq o shadaqah.

Empresas tapadera o fantasma: Este modo de financiación o de enmascarar el origen de los fondos no es exclusivo del terrorismo, es un medio muy utilizado por las redes de delincuencia organizada o de blanqueo de capitales para generar ingresos, enmascarar el origen ilegal del dinero o para encubrir la finalidad ilegal de un dinero procedente de fuentes legales o ilegales. Las empresas tapadera lo que se encargan es de enmascarar el origen del dinero que procede, o directamente de militantes terroristas, o de cualquier fuente ilegal. Con estos fondos, se capitalizan los inicios de la empresa con la finalidad de generar ingresos o mezclar este dinero ilegal con capital blanqueado. Nos hemos encontrado casos en España donde grupos inspirados o relacionados con al-Qaida utilizan empresas pequeñas y locales como depósito de fondos de origen legal o ilegal para así desviar dinero a otros fines relacionados con militantes terroristas.

Inversiones locales: evidencias se han encontrado de esta fuente de financiación en casos como Abu Nidal Organization, Le TLTTE, FARC o Hezbollah. Todos han usado sociedades o empresas legales para financiar sus operaciones. Uno de los sectores de inversión más utilizados por estas redes es el sector inmobiliario, aunque no son siempre los negocios que se realizan son demasiados prósperos (Naylor, 2002 y2006).

Todas las fuentes de financiación anteriormente mencionadas son de carácter legal y es en ellas donde se ve claramente la diferencia entre financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Se puede percibir con claridad cómo la financiación del terrorismo, en este caso, comparte el modus operandi del blanqueo de capitales pero en sentido inverso. Mientras el proceso de blanqueo consiste en inyectar dinero de procedencia ilegal en el sistema financiero para conseguir que se convierta en legal, en la financiación del terrorismo, el proceso se invierte. Se trata de fondos legales o ilegales que quieren ser destinados a actividades ilegales. Es más, no sólo es un proceso de blanqueo a la inversa, sino que siendo legales los fondos y siendo destinados a actividades ilícitas es incluso innecesario pasar por un proceso de blanqueo de capitales, lo único que se necesita es camuflar el destino de ese dinero evitando dejar rastro de su movimiento. Como consecuencia, en la financiación del terrorismo, adquiere más importancia la ocultación del rastro del dinero que el proceso de blanqueo o cambio de origen del dinero. El dinero no necesita pasar por el sistema financiero legal o tradicional, permanece en la economía sumergida y se mueve por procedimientos informales para ocultar su movimiento. Este punto lo trataremos más adelante.

Fuentes de financiación ilegales: ¿Qué ocurre con las fuentes ilegales o el dinero procedente de actividades ilegales? Pues que cada vez es una fuente más utilizada por los grupos locales para financiar sus actividades. De hecho, es la fuente de financiación más utilizada por organizaciones terroristas desde la reducción de la financiación estatal de estos grupos. La delincuencia, en todas sus versiones, ha sido un recurso a la mano de todo tipo de organizaciones. Desde las actividades de extorsión, secuestro, chantaje, los impuestos revolucionarios, etc., todas ellas han sido modos de financiación utilizados por organizaciones terroristas. Los grupos vinculados o inspirados por al-Qaida suelen financiarse a partir de la delincuencia común o el fraude de tarjetas de crédito. Así, el GIA y el GSPC han sido acusados de usar regularmente la falsificación de tarjetas de crédito y documentación como modo de financiación. Asimismo Al Gammat al Islamiya, al-Qaida, Hezbollahhan estado también implicados en la falsificación y contrabando de bienes y moneda.

La delincuencia común es, como hemos visto, un medio común de obtención de fondos para los grupos vinculados o inspirados en al-Qaida. Pero, ¿Qué ocurre con la delincuencia organizada? En la literatura cada vez aparece más la relación entre terrorismo y delincuencia organizada pero todavía no existen suficientes estudios en profundidad que puedan aportar evidencias sobre alianzas estratégicas entre ambos mundos. Es verdad que ambos fenómenos comparten ciertos aspectos que son fundamentales y que incrementan las posibilidades de interrelación entre ambos: los dos se mueven en la clandestinidad, ambos evitan ser controlados por la policía, ambos coinciden en tácticas o métodos para conseguir sus objetivos, ambos tienden hacia el monopolio de sus acciones (Schelling, 1984).

Estas coincidencias también les hacen acreedores de ciertas necesidades mutuas que hacen que, en ocasiones, acudan unos a otros a solicitar servicios o ayuda para los cuales están mejor preparados. Las posibilidades de relación oportunista y de utilidad son numerosas pero existe entre ellos una diferencia fundamental respecto a la finalidad de sus acciones. La delincuencia organizada persigue la obtención del máximo beneficio económico mientras que el terrorismo utiliza el dinero o los fondos como un medio más que un fin. Con esto en mente, alianzas entre ellos de tipo permanente constituirían un sin sentido y una contradicción entre sus intenciones. Como afirma Schmid (2004: 197), las relaciones entre terroristas y crimen organizado son menos frecuentes que las relaciones entre el crimen organizado y las esferas políticas.

Sobre este tipo de relaciones oportunistas sí que hay evidencias de ciertas actividades relacionadas con la delincuencia organizada. El tráfico de inmigrantes parece que ha sido un recurso utilizado por grupos terroristas para procurar financiación a sus miembros. Ha sido utilizado por grupos terroristas en Sri Lanka (Schmid, 2003: 3) y por el GIA, KLA y Jemaah Islamiiya. También Dandurand y Chin (2004), en una encuesta realizada a 38 países encontraron relación entre terrorismo y tráfico de inmigrantes. Sin embargo, las evidencias no son demasiado consistentes y hay que ser cautos en esta relación para poder afirmar que los grupos relacionados con al-Qaida o inspirados en él se valen de esta actividad para financiarse.

Lo mismo ocurre con el tráfico de drogas. Casos como el atentado de Madrid ponen de manifiesto esta relación entre el terrorismo y el tráfico de drogas pero no es lo mismo valerse del dinero procedente del tráfico de drogas para financiar un atentado que exista una alianza o colaboración permanente entre grupos terroristas y redes dedicadas al tráfico de drogas. La experiencia de la investigación del 11 M nos muestra que las relaciones son más ocasionales y utilitarias que alianzas estratégicas (Passas, 2007).

Una de las actividades ilegales que ha dado más que hablar en el tema de la financiación del al-Qaida ha sido el contrabando de oro y piedras preciosas. La financiación del terrorismo de al-Qaida a través del mercado ilegal de oro y diamantes no ha podido encontrar demasiado sustento empírico (Passas, 2004; Passas y Jones, 2006 e Informe de investigación del 11 S). Puede existir algún caso donde personas asociadas a grupos terroristas hayan hecho transacciones en el mercado de diamantes y piedras preciosas como en el caso del ataque a la Embajada de Estados Unidos en África cuya financiación se produjo por el mercado de diamantes, especies protegidas y contrabando de alimentos (Passas, 2007). Sin embargo, estos casos puntuales nunca pueden sustentar las afirmaciones que se han hecho en distintos medios de comunicación lanzando la idea de que al-Qaida había invertido fondos en el mercado de diamantes y piedras preciosas para evitar los controles financieros y para conservar mejor su valor y favorecer su transporte (Escobar Stemman, 2004).

Enlazando con el comentario anteriormente mencionado sobre las diferencias entre financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, cuando lo que tenemos es dinero procedente de fuentes ilegales para financiar actividades ilegales como el terrorismo, el blanqueo de capitales es innecesario y los medios para controlarlo son ineficaces para estos casos. Este dinero nunca va a ingresar en el sistema financiero y su detección se complica sobremanera. En estos casos, este dinero se mantiene en la economía sumergida, sin más. Pero, ¿qué pasa si necesitamos mover este dinero de un lugar a otro para financiar otras actividades terroristas en otros lugares o enviar dinero a militantes en otros países? En estos casos, lo que tenemos que evitar es la detección de las transferencias y el movimiento de estos fondos. De ahí que cobren importancia en el caso de la financiación del terrorismo los modos de transferencia informales o paralelos al sistema financiero tradicional cuyo objetivo es difuminar el rastro del dinero. A continuación, haremos referencia a los modos de transferencia de fondos utilizados por las organizaciones relacionadas o inspiradas por al-Qaida, que a menudo se confunden con las fuentes de financiación. Estos sistemas solo mueven el dinero de un lugar a otro, no lo generan o multiplican.


Modos de transferencia de fondos utilizados por el terrorismo yihadista

Una vez entendido por parte de las autoridades gubernamentales que los terroristas necesitaban mover el dinero por canales paralelos al sistema financiero tradicional, los sistemas informales de transferencia de fondos (SITF) se convirtieron en la prioridad del control financiero del terrorismo. A pesar de que estos se utilizan en menor medida de lo esperado, es importante conocer qué canales existen de movimiento de fondos y cómo funcionan. Por Sistema informal de transferencia de fondos nos referimos a “todos mecanismo o red de personas que facilita las transferencia de fondos o valores sin dejar rastro de la transacción o que tienen lugar fuera de los sistemas financieros regulados” (Passas, 2003c).

Los SITF tienen su origen en China e India pero se han desarrollado en otros países gracias a la emigración de esta población a otros países. Algunos de los sistemas que se incluyen dentro de esta categoría tienen nombres distintos según los lugares donde se utilizan. El más conocido es el Hawala (India), también se llama Hundi en Bangladesh, Fei Chien en China, Phoe Kuan en Tailandia, Padala en Filipinas así como otras variedades en otros países del continente americano. Estos sistemas están activos en muchos lugares y sirven a la población general en sus transacciones financieras. Tienen una serie de ventajas con respecto al sistema financiero tradicional, como es su coste, el anonimato y la rapidez de la transacción que lo convierten en una alternativa eficaz al sistema formal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ciertos países estos sistemas son más comunes que el sistema financiero. Por ejemplo, en Afganistán, es el único método existente para enviar dinero de un lugar a otro. Como consecuencia de ello, no podemos decir que son sistemas desarrollados para enviar dinero procedentes de fuentes ilegales con destino a actividades ilegales o implementado por terroristas para enviar sus fondos. Son sistemas muy enraizados en las sociedades, basados en la confianza entre intermediarios y usuarios y utilizados por la población general. No obstante, las ventajas que suponen estos sistemas para la población: el anonimato que garantizan, el escaso control que existe sobre ellos en determinados países y la heterogeneidad existente en su aceptación todavía entre países, también los hacen muy atractivos para el uso por parte de redes criminales o terroristas.

El hawala es el SITF más conocido en la literatura sobre terrorismo, a pesar de que no hay tantas evidencias de su utilización para la financiación del terrorismo. Antes de conocer su vinculación con el terrorismo debemos entender cómo funciona y de qué se trata. El hawala es un sistema que necesita dos operadores en distintos lugares ya sea en el mismo país o en países distintos. Dos relaciones son importantes para entender su funcionamiento y para que exista una transacción mediante este procedimiento. La primera de ellas es la que se crea entre los operadores de hawala y sus clientes. Es decir, el cliente del país A contacta con el operador de hawala del país A para hacer una transferencia a un cliente en el país B. Entonces el operador de hawala del país A tendrá que ponerse en contacto con su homónimo del país B para que entregue la transferencia al destinatario o beneficiario del país B elegido por su cliente. La segunda relación importante para que funcione el hawala por completo se produce entre los dos operadores de hawala a la hora de cuadrar sus cuentas. Como no hay transferencia real entre los operadores de hawala, se produce una compensación de las cantidades supuestamente enviadas por las transacciones entre ellos generadas por otras operaciones. Es decir, al realizarse la transacción por el operador de hawala del país A al operador de hawala del país B, se crea automáticamente una deuda entre primero respecto al segundo, que se compensará con otras transacciones que tengan entre ellos generadas por otros negocios (Passas, 2002).

Para que este sistema sea eficaz y efectivo, debe haber una cantidad de dinero o caja en ambos países que reciben los operadores de hawala por distintas vías. Esta caja o volumen d dinero permitirá compensar las deudas y pagos por las operaciones realizadas. Esta caja se forma con dinero procedente de distintas fuentes: dinero que reciben de sus clientes, remesas de otros países, fondos de inversión, servicios realizados desde otros países pero que deben ser pagados localmente, etc. (Passas, 2003). Así es como los operadores del hawala realizan los pagos a sus clientes minimizando la necesidad de mover efectivamente el dinero. La figura a continuación describe las relaciones que estamos explicando.

El hawala es un sistema muy utilizado en un número importante de países. En algunos casos no hay otra alternativa al no existir un sistema financiero formal y, en otros casos, sí las hay pero este sistema es más útil a los usuarios por distintos motivos: porque confían más en él que en el sistema bancario, porque es más barato (suelen cobrar entre 1-2% de la suma enviada), más rápido, no existe imposición fiscal, no requiere mucha burocracia, tampoco existe un límite en la transacción y asegura una mayor confidencialidad, etc. El problema de este sistema es su falta de transparencia y las dificultades que ofrece para su control. No suele haber estándares mínimos exigidos a todos los intermediarios que impongan un mismo modo de organizar las cuentas y las transacciones, y los sistemas de registro son muy heterogéneos. Todo ello incrementa la dificultad en conseguir una mayor transparencia o trazabilidad en las transacciones, lo que le convierte en un sistema vulnerable a ser utilizado para finalidades ilegales.

Además de los SITF -siendo el hawala el principal protagonista- hay otro tipo de métodos informales de transferencia de fondos (MITF) que sí son ilegales perse. Nos referimos a métodos utilizados por pequeños grupos o redes que emplean métodos de transferencia de fondos pero de forma ilegal. En muchos casos estas personas usan el sistema financiero pero utilizan distintos métodos ilegales para camuflar la transferencia de los fondos. Este tipo de métodos siempre son usados por motivos criminales, tanto por delincuentes como por terroristas y siempre tienen una finalidad ilegal. Ejemplos de este tipo de movimientos pueden ser los pagos en especies o regalos por Internet, las cartas prepago, el desvío de fondos a través del mercado de exportación e importación, los pagos electrónicos, la manipulación de facturas, las cuentas por corresponsales, el uso ilícito de tarjetas de crédito o débito (Passas 2006 b).

La clave para la efectiva financiación del terrorismo es conseguir minimizar el riesgo de seguir el rasgo del dinero. Para conseguir esta finalidad, además de los sistemas informales de transferencia de, también se utilizan otros métodos más tradicionales para mandar un dinero de un lugar a otro. Uno de ellos es el correo personal, método comúnmente utilizado no sólo para transportar dinero sino mercancías ilegales. En el atentado del 11 S, en la operación dátil en España y en el 11M, se utilizaron correos personales para transportar dinero o mercancías. Las personas que suelen ser escogidas para este tipo de servicio son personas de bajo perfil y de toda confianza (familiares, amigos, etc.). Por último, el sistema financiero formal también es utilizado por la mayoría de miembros de estos grupos, evitando de algún modo que se identifique la identidad de la persona que envíala transferencia.